El Kremlin ha decidido extender las restricciones a la actividad de minería de criptomonedas hacia la capital del país, Moscú, su provincia homónima y nueve jurisdicciones adicionales en la región de Kursk. La medida, que se oficializó mediante un decreto gubernamental, entrará en vigor el próximo 15 de agosto de 2026 y se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre de 2032.
Prohibición total para personas y empresas
El nuevo marco normativo, firmado por el primer ministro Mijaíl Mishustin el 25 de julio de 2026 bajo el número de decreto 936, modifica la regulación anterior (Decreto N.º 1869 de diciembre de 2024). A partir de ahora, tanto los individuos como las entidades legales tienen vedada la ejecución de tareas de minado de bitcoin, así como la participación en pools de minería dentro de las zonas señaladas.
La lista de territorios afectados se ha actualizado para incluir la Ciudad de Moscú, el óblast de Moscú y los distritos municipales de Belovski, Bolshesoldatski, Glushkovski, Korenevski, Lgovski, Rylski, Sudzhanski y Jomutovski, además del distrito urbano de Lgov en la provincia de Kursk. La prohibición es absoluta y no contempla excepciones, incluso para aquellos pequeños operadores que, según la legislación general, podrían minar sin registro siempre que no excedan ciertos límites de consumo energético.
Presión sobre la red eléctrica, el motor de la decisión
Las autoridades rusas justifican esta escalada restrictiva en la creciente carga que las instalaciones de minería digital ejercen sobre la infraestructura eléctrica en zonas urbanas e industriales clave. La prioridad del ejecutivo es garantizar la estabilidad del suministro energético tanto para hogares como para industrias, por lo que ha optado por restringir una actividad que demanda grandes volúmenes de electricidad.
Esta no es una acción aislada. En abril de 2025, el gobierno ya había impuesto una veda similar en ocho localidades de la provincia de Irkutsk, una región muy codiciada por los mineros debido a sus tarifas hidroeléctricas bajas. Aquellas restricciones tienen vigencia hasta marzo de 2031.
Un marco legal que permite el control territorial
El fundamento jurídico de estas medidas se remonta a la ley promulgada por el presidente Vladimir Putin en agosto de 2024, que entró en vigor en noviembre del mismo año. Dicha normativa definió legalmente conceptos como minería, pool minero y operador de infraestructura, y restringió la actividad formal a empresas rusas y comerciantes individuales registrados. Además, otorgó al Gobierno federal y al Banco Central la facultad de prohibir territorialmente la minería de bitcoin en regiones estratégicas.
Con la entrada en vigor del Decreto N.º 936, Rusia consolida un modelo de control centralizado sobre la infraestructura tecnológica de la red Bitcoin, supeditando el crecimiento de la industria minera a la seguridad energética del Estado hasta finales de 2032.