El Crypto Council for Innovation (CCI) y la Blockchain Association (BA) han llevado a los tribunales el nuevo gravamen del 0,2% impuesto por Illinois sobre las operaciones con criptomonedas, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2027. Ambas organizaciones consideran que la tasa vulnera preceptos constitucionales federales y estatales, así como las garantías de debido proceso y la legislación federal que protege el comercio en internet.
Una batalla legal por el impuesto estatal
El recurso, interpuesto el viernes ante el Tribunal de Circuito del Séptimo Distrito Judicial del condado de Sangamon, sostiene que el tributo estatal, firmado en junio por el gobernador JB Pritzker como parte del presupuesto para el año fiscal 2027, se aplica sobre el volumen de transacciones en lugar de las ganancias. Según los demandantes, esta modalidad de recaudación, calificada como "impuesto de privilegio", genera una carga desproporcionada para residentes y corredores, quienes deben determinar qué activos están sujetos al pago bajo la amenaza de sanciones civiles y penales.
Los grupos también argumentan que la medida viola la Cláusula de Comercio de la Constitución estadounidense, al interferir con el comercio interestatal y abrir la puerta a una doble tributación. En ese sentido, Summer Mersinger, directora ejecutiva de la Blockchain Association y excomisionada de la CFTC, subrayó que los estados pueden impulsar la innovación, pero su autoridad encuentra límites en la Constitución. A su juicio, Illinois no está autorizado a crear un esquema tributario que perjudique al comercio digital, siembre dudas entre consumidores y compañías y ponga en riesgo la cohesión de un mercado nacional en expansión.
Precedentes y otras disputas en Illinois
Esta demanda se suma a la presentada en julio por la Digital Chamber, que ya había denunciado que el tributo perjudica a quienes operan con criptoactivos. Ambas acciones reflejan el creciente activismo de las organizaciones del sector frente a las iniciativas legislativas estatales, en un año electoral donde las políticas sobre criptomonedas pueden influir en el voto.
Además, Illinois es escenario de otro conflicto judicial: la plataforma Kalshi ha demandado al estado por una ley vigente desde el 1 de julio que, según la empresa, impide la celebración de contratos ligados a competiciones deportivas y obliga a obtener un permiso estatal, lo que choca con la regulación federal. En paralelo, Pritzker firmó en abril una orden ejecutiva que impide a los empleados públicos realizar apuestas en plataformas de predicción, con el objetivo de evitar el uso de información privilegiada en un sector en rápida expansión.
Conclusión
La ofensiva judicial contra el impuesto de Illinois evidencia la tensión entre los estados y la industria de los activos digitales. Mientras los tribunales resuelven, el sector observa de cerca cómo estas disputas podrían sentar precedentes para futuras regulaciones fiscales en todo el país.